Olga, de 54 años y madre de dos hijas, una de ellas menor, se quitó la vida el 7 de septiembre en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), cinco meses después de que un juzgado ejecutara el desahucio de la vivienda en la que había residido más de veinte años. Las entidades vecinales piden que se investigue la «cadena de omisiones» que, según denuncian, precedió a su muerte.
La vivienda, en el barrio de Santa Eulàlia, la había comprado con una hipoteca de Banc Sabadell. Tras separarse y perder el empleo, entregó el piso al banco a cambio de seguir en él con un alquiler social. El inmueble acabó en manos de Promontoria Coliseum, sociedad vinculada al fondo Cerberus, y ese alquiler dejó de renovarse.
El lanzamiento se fijó para el 15 de abril de 2026. Según relata su abogado, Jordi Naya, presentó un escrito urgente para pedir la suspensión por «riesgo grave e inminente» para la salud y la integridad de su clienta. Aportó tres informes médicos de los días 13 y 14 que describían crisis de ansiedad agudas e ideación suicida persistente. El Juzgado de Primera Instancia 5 de L’Hospitalet lo rechazó con un argumento formal: no está previsto que sufrir ansiedad permita suspender un desahucio. El lanzamiento se ejecutó ese mismo día.
Preguntado por el caso, el Ayuntamiento sostiene, según recoge la prensa, que los servicios sociales trabajaban con Olga desde 2020 y que tramitaron ayudas de emergencia para vivienda. Los vecinos hablan, en cambio, de «abandono institucional». Ninguna administración ha publicado hasta ahora una revisión de las actuaciones que se hicieron entre abril y septiembre.
Lo que dicen los datos sobre desahucio y salud mental
No existe una estadística oficial que cuente cuántos suicidios se producen en el contexto de un desahucio. El INE registró 3.846 suicidios en España en 2024 (datos provisionales), un 6,6 % menos que el año anterior, pero la estadística de defunciones no recoge si hubo un lanzamiento detrás. Por eso cada caso depende de que lo denuncien familiares, vecinos o plataformas como la PAH, y no hay un recuento público contrastado.
Sí hay investigación sobre el riesgo. Un estudio publicado en BMC Public Health en 2019 entrevistó entre 2013 y 2014 a 205 personas de hogares amenazados de desahucio en Granada. El 46,7 % presentaba riesgo de suicidio: bajo en el 11,8 %, moderado en el 16,9 % y alto en el 17,9 %. El riesgo aumentaba cuanto más tiempo llevaba abierto el proceso y cuando los bancos hacían llamadas amenazantes, y disminuía con apoyo social. El trabajo mide riesgo, no muertes, y su muestra es local.
La muerte de Olga llega en plena discusión política sobre los desahucios, tras la polémica por el lanzamiento de Maricarmen en Madrid y las nuevas medidas del Gobierno en vivienda. Las entidades de L’Hospitalet exigen que se depuren responsabilidades y que los jueces valoren el riesgo para la salud antes de autorizar un lanzamiento.
Si tienes pensamientos suicidas o conoces a alguien en esa situación, la línea 024 de atención a la conducta suicida atiende las 24 horas, todos los días, de forma gratuita.
