España ha defendido este lunes ante sus socios europeos que el mercado de carbono de la UE mantenga una «trayectoria exigente» de reducción de emisiones, en pleno pulso con quienes piden flexibilizarlo. Lo ha hecho en el Consejo de Medio Ambiente de Luxemburgo, que ha celebrado el primer debate político de los ministros sobre la reforma del sistema de comercio de emisiones (ETS).
El texto sobre la mesa es la propuesta que presentó la Comisión Europea el 17 de julio. Prevé mantener derechos de emisión gratuitos para la industria hasta 2038 y reducir el ritmo al que se recorta el techo de emisiones. El llamado factor de reducción lineal bajaría del 4,3 % anual actual al 3,7 % entre 2031 y 2035, y al 1,7 % entre 2036 y 2040. Con ese calendario, la neutralidad del mercado se retrasaría de 2040-2045 a 2046-2048.
Bruselas añade 4.000 derechos gratuitos adicionales para 14 sectores industriales hasta 2030, entre ellos químicas y refinerías. El 80 % se entregaría de forma automática y el 20 % restante quedaría condicionado a inversiones verificadas en descarbonización. Según los cálculos publicados por Moncloa.com, supondría unos 6.000 millones de euros extra de margen para las empresas entre 2026 y 2030.
Ayudas sí, deslocalización no
La posición española no cierra la puerta a la industria. El Gobierno ha reclamado reforzar las ayudas a la descarbonización industrial y evitar que las nuevas obligaciones provoquen el traslado de actividades fuera de la Unión. Lo que rechaza es que el alivio se pague con menos ambición climática. España comparte esa línea con los países nórdicos, mientras el debate entre los Veintisiete sigue marcado por las diferencias entre capitales.
El comisario Wopke Hoekstra, que defiende el paquete, sostiene que los derechos gratuitos tendrán que invertirse en descarbonizar. Los críticos replican que alargar el regalo de permisos retrasa el momento en que las empresas pagan por contaminar, que es lo que el mercado está diseñado para provocar.
La reforma importa más allá de Bruselas. El precio del CO2 condiciona la factura de la luz, la competitividad de la industria española y los ingresos que los Estados reinvierten en transición energética. La posición de Alemania, aún sin definir según lo publicado, puede inclinar la balanza cuando el texto pase a la negociación con el Consejo y el Parlamento Europeo.
Los ministros también tenían en la agenda de la reunión aprobar las conclusiones del Consejo sobre clima, de cara a la cumbre COP31, y sobre biodiversidad, antes de la COP17.
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