El Gobierno de Giorgia Meloni responde a los disturbios de Milán con el Ejército. Enviará 500 soldados a la ciudad, con competencias de policía judicial durante tres meses, mediante un decreto de urgencia que el Consejo de Ministros examina este martes en sesión extraordinaria, a las 17.30.
Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, Antonio Tajani: «La respuesta del Gobierno será firme para garantizar el libre comercio». La orden llega tras el fin de semana de destrozos y saqueos de comercios en el centro de la ciudad, en una protesta que nació del malestar por el aumento del coste de la vida.
Soldados que pueden detener
Los militares reforzarán la operación «Strade Sicure» (Calles Seguras), que desde 2008 mantiene al Ejército en zonas turísticas y de alta criminalidad de Italia. La novedad es lo que podrán hacer. Con la cualificación de agentes de policía judicial, los soldados desplegados en el norte podrán detener a alteradores del orden e incluso arrestarlos si es necesario. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha insistido en que hace falta un marco legal que permita a los militares funcionar como policías durante un periodo limitado de tres meses.
Según la prensa italiana, el decreto incluirá además medidas contra la violencia urbana y un endurecimiento del trato a los menores implicados, con la detención preventiva sobre la mesa. No es un detalle menor. De las 270 personas identificadas por las autoridades, 220 eran menores de edad.
La oposición y los policías, en contra
Los partidos de centroizquierda critican la medida como una «militarización» de la ciudad. El sindicato policial SIAP ha advertido de que dar funciones de policía judicial a soldados «requiere formación específica, experiencia y organización». Es decir, que el problema no se resuelve solo con uniformes más en la calle.
El Ejecutivo prevé destinar una parte de los 7.200 millones de euros de aumento del gasto europeo en defensa a reforzar a las fuerzas de seguridad: contratación, equipamiento y ajustes de pensiones. El mensaje es que el dinero pensado para rearmar se usa también para el orden público interior.
Una ola que cruza fronteras
Milán no es un caso aislado. Italia se ha sumado en los últimos días a la ola de protestas juveniles que empezó en Francia por la precariedad del sistema educativo público y que se ha extendido a Portugal y otros países con un fondo común: el coste de la vida y los recortes en los servicios públicos. La respuesta de Meloni se parece a la de Macron, que prometió castigo y pidió a los prefectos prohibir concentraciones: más policía y más dureza, mientras las razones de la protesta quedan fuera del decreto.
La medida debe aprobarse hoy. Si sale adelante como decreto ley, el Parlamento tendrá que convalidarlo en el plazo de sesenta días.
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