Alberto Núñez Feijóo quiere que tener pasaporte español deje de ser suficiente para votar. El líder del PP anunció este martes, en la cadena COPE, que su partido legislará para exigir un tiempo mínimo de residencia en España a los nacionalizados, una propuesta que reabre en plena campaña el choque por la «ley de nietos».
«Una cosa es tener un pasaporte y otra cosa es tener derecho a voto», sostuvo. Y añadió: «Vamos a hacer lo que hace la inmensa mayoría de los países europeos, que exigen un tiempo de residencia mínima en un país para poder votar». No concretó cuántos años serían ni a quién afectaría exactamente la medida.
Feijóo explicó que el PP aprobaría una ley orgánica de nacionalidad, separada de la regulación actual del Código Civil, con requisitos más exigentes para obtener la ciudadanía. Es una promesa de legislatura: no cambia nada para el 29N.
Un censo bajo suspensión judicial
Lo que sí afecta a las urnas de este año es la decisión del Tribunal Supremo. El alto tribunal mantiene suspendido de forma cautelar el voto de unas 163.000 personas inscritas en el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) tras nacionalizarse por la ley de memoria democrática, salvo que se acredite su condición de descendientes de exiliados. La suspensión la pidieron Iustitia Europa y Vox. La Fiscalía y la Abogacía del Estado reclamaron levantarla por la «imposibilidad material» de revisar uno a uno unos 170.000 expedientes, pero la Sala rechazó su petición, con el voto particular de uno de los seis magistrados.
El Defensor del Pueblo ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional. Feijóo se mostró convencido de que el Constitucional «no se atreverá», pese a su composición actual, a dictar una resolución injusta y a contradecir al Supremo. El líder de la oposición da así por hecho el sentido de un fallo que todavía no existe.
Qué cambia para los afectados
La propuesta del PP no depende de esa batalla judicial, pero la alimenta. Mientras tanto, Exteriores trabaja contrarreloj: casi medio centenar de consulados han remitido ya información para verificar quiénes de los nacionalizados descienden de exiliados y pueden, por tanto, votar según el criterio del Supremo. El ministro Albares admitió que será «muy difícil» que los nietos de exiliados consigan votar el 29N.
La ley de nietos amplió el acceso a la nacionalidad a descendientes de quienes huyeron de España por la Guerra Civil y la dictadura. El PP la combatió desde su aprobación y acusa al Gobierno de fabricar votantes. Las elecciones son el 29 de noviembre.
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