El Gobierno ha vuelto a la fórmula que le funcionó antes de las elecciones de 2023: un paquete de medidas sociales cada martes. El Consejo de Ministros aprobó el 20 de octubre un decreto ley con ayudas para parejas de hecho, mujeres y familias, y Moncloa ha avanzado que todos los consejos que quedan hasta el 29N incluirán medidas de este tipo.
La portavoz, Elma Saiz, defendió el calendario sin rodeos: «Este Gobierno sigue gobernando y tiene que seguir respondiendo a los desafíos de la ciudadanía». Quedan cinco reuniones del Consejo antes de las urnas.
Qué incluye el decreto
La medida de mayor alcance reconoce la pensión de viudedad a las parejas de hecho con hijos en común que acrediten dos años de convivencia. Hasta ahora, esa prestación dependía en buena medida de haber estado casados o de cumplir requisitos más estrictos de inscripción.
El texto amplía también la incapacidad temporal. Podrán acogerse a ella mujeres con dolencias derivadas de la menopausia, víctimas de violencia de género con lesiones y trabajadores afectados por catástrofes como las inundaciones, un supuesto con eco directo en la dana Adam. Se refuerzan además las ayudas a los padres y madres que cuidan de menores con cáncer o enfermedades graves.
En vivienda, el Gobierno mantiene el reparto de 180 millones de euros a 317 municipios con alquileres topados y suma 45 millones para residencias universitarias: siete proyectos con unas 2.000 plazas en universidades públicas.
Una estrategia conocida
Al ser un decreto ley, las medidas entran en vigor de inmediato, pero el Congreso debe convalidarlas en el plazo de 30 días. Esa votación quedará pendiente cuando la campaña esté en marcha.
La estrategia tiene un reverso. En 2023, la Junta Electoral Central abrió un expediente a la entonces portavoz, Isabel Rodríguez, por declaraciones consideradas electoralistas en la rueda de prensa posterior al Consejo, y la actual ministra de Vivienda ha reconocido que conoce la vigilancia a la que se somete el Ejecutivo en periodo electoral.
Para el PSOE, el contraste es el eje del mensaje: un Gobierno que amplía derechos frente a un PP que, con Feijóo a la cabeza, pide «sacrificios» y negocia con Vox el control del Senado. Para los hogares afectados, lo que importa es la letra pequeña y la fecha: cuándo se convalida el decreto y cuándo llegan las primeras prestaciones, algo que el Gobierno no ha concretado.
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