La Fiscalía federal del distrito sur de Nueva York ha añadido un cargo de conspiración para cometer torturas a la causa contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El Departamento de Justicia lo anunció este jueves 8 de octubre con una acusación sustitutiva que deja el procedimiento en cinco cargos. Ambos son, por ahora, acusados y no han sido condenados.
La causa giraba hasta ahora en torno al narcotráfico y las armas. La nueva acusación mantiene ese bloque y suma el de torturas, con un elemento concreto: sostiene que entre las víctimas hubo ciudadanos estadounidenses.
Qué se les imputa
Según el comunicado, la fiscalía describe una conspiración de «más de dos décadas». Los cinco cargos son: conspiración de narcoterrorismo (mínimo obligatorio de 20 años y máximo de cadena perpetua), conspiración para torturar (máximo de 20 años), conspiración para importar cocaína (mínimo de 10 años), uso o porte de ametralladoras en relación con esos delitos (mínimo de 30 años) y conspiración para su uso.
El texto enumera los métodos que atribuye a la maquinaria represiva: «descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, inanición, celdas de castigo» y amenazas de matar a familiares de las víctimas, incluidos niños. De uno de los ciudadanos estadounidenses afirma que sufrió privación de comida y agua, simulacros de ahogamiento, palizas repetidas, descargas eléctricas en los testículos e inyecciones forzadas.
La acusación no nombra a cuerpos de seguridad concretos. Habla de «unidades militares» y de tres coconspiradores sin identificar: el primero habría ordenado asesinatos y organizado torturas; el segundo habría ideado los métodos y dirigido una agencia que torturó a decenas de personas; el tercero habría ordenado personalmente torturas a civiles y militares, entre ellos estadounidenses.
El fiscal general, Todd Blanche, afirmó que los nuevos cargos reflejan «la dedicación de esta Administración a hacer justicia a las víctimas». El director del FBI, Kash Patel, los vinculó con la operación de enero en la que fue detenido Maduro.
Lo que ya había documentado la ONU
La tortura en Venezuela no es una revelación de este caso. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, presentó en septiembre de 2020 un informe de 411 páginas en el que concluía que había motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde 2014: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.
La misión revisó cerca de 2.500 incidentes, documentó en detalle más de 220 casos y vinculó a las fuerzas de seguridad con unas 4.600 muertes. Señaló al servicio de inteligencia (Sebin) y a grupos civiles armados, y afirmó que altos mandos militares y ministeriales «dieron órdenes, coordinaron actividades y aportaron recursos». Uno de sus investigadores lamentó que no había constancia de «ninguna investigación seria» sobre los responsables de más alto nivel.
Esa es la diferencia de fondo entre ambos expedientes. Los investigadores de la ONU describieron un patrón y reclamaron rendición de cuentas. La acusación neoyorquina incluye la tortura como cargo junto a los de narcotráfico y armas, y en su descripción destaca a las víctimas estadounidenses. Las víctimas venezolanas, que son la inmensa mayoría de las documentadas por la misión, quedan fuera de esa descripción.
Qué falta por saber
El comunicado no precisa fecha de juicio ni calendario procesal, y tampoco recoge la respuesta de la defensa a la nueva acusación. Los cargos son alegaciones de la fiscalía que deberá probar ante un jurado, y la presunción de inocencia rige para ambos acusados.
La ONU, por su parte, advertía ya en 2020 de la brecha de impunidad: pocos responsables habían sido procesados por los hechos que documentó. Seis años después, el primer procedimiento penal que menciona la tortura de forma expresa contra la cúpula del Gobierno venezolano se tramita fuera de Venezuela.
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