El juez Santiago Pedraz ha rechazado imputar al PSOE como partido en el caso Leire, tal y como le pedía el PP, que ejerce la acusación popular. La negativa llega con un matiz que ambos bandos leerán a su manera: es «en este momento».
El magistrado de la Audiencia Nacional reconoce que los hechos «pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva» por parte del partido, pero sostiene que todavía no hay «un principio de prueba» que lo sostenga de forma razonable. La Fiscalía Anticorrupción comparte el criterio y considera prematuro dar ese paso.
El PP pedía investigar al PSOE por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal y malversación. Pedraz recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige, para responsabilizar a una persona jurídica, acreditar defectos estructurales de organización, control y supervisión, y que el partido obtuvo algún beneficio, directo o indirecto. Que una persona del partido haya podido cometer un delito no basta.
Lo que falta por hacer
El juez enumera las diligencias pendientes antes de volver sobre la cuestión. La principal es la declaración de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a quien el auto sitúa en un nivel superior de la presunta trama que coordinaba la exmilitante socialista Leire Díez. Pedraz quiere saber qué autorizaba y qué controlaba Cerdán en los pagos a Díez.
También ordena analizar la documentación incautada al partido y en el domicilio de Cerdán, y aclarar la cadena de autorización de esos pagos y los controles internos de las cuentas. Anticorrupción apunta a que no parece haber un mecanismo de control sobre la gestión de esas cuentas, un dato que deja la puerta abierta a revisar la decisión.
El juez ya investiga a Cerdán y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en la causa que busca esclarecer una supuesta operación para desmontar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al partido.
Por qué importa ahora
La decisión llega con las elecciones generales a 51 días. Una imputación del partido habría dado a la derecha un argumento de campaña de primer orden y habría obligado al PSOE a defenderse como persona jurídica ante los tribunales. El auto no la descarta: la cuestión queda supeditada a lo que digan Cerdán y los papeles.
Hasta entonces, el partido sigue sin ser parte investigada, pero con la causa viva en la Audiencia Nacional mientras arranca la precampaña.
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