El PP ha puesto al Tribunal Constitucional en el centro de su campaña. Si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, el partido promete una «regeneración» del órgano de garantías, con magistrados cuya desvinculación política y ejemplaridad sean, en sus palabras, «incuestionables».
La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha sido la encargada de trasladar el mensaje este lunes. Su tesis es que el Constitucional necesita algo más que cubrir vacantes: según el PP, lo que hace falta es regeneración, un paso por encima de la simple renovación.
Cinco años sin cargo político
La propuesta enlaza con el plan de regeneración institucional de Feijóo, que según los medios que han recogido sus líneas maestras supera las 60 medidas legislativas y judiciales. Para el Constitucional, el partido plantea que no puedan ser magistrados quienes hayan ocupado un cargo político en los últimos cinco años.
El PP dirige sus críticas a la mayoría progresista del tribunal y a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, a quien Feijóo ha cuestionado por haber sido ministro de un Gobierno socialista, asesor en Moncloa y fiscal general del Estado. Los populares citan también las decisiones del tribunal sobre la ley de amnistía y el caso de los ERE, en las que el Constitucional corrigió al Supremo, como ejemplo de politización.
El bloqueo, en casa
El argumento choca con un hecho que el PP no menciona en su mensaje: la renovación del Constitucional lleva casi un año parada. El mandato de los cuatro magistrados que elige el Senado, entre ellos el propio Conde-Pumpido, caducó en diciembre de 2025. Los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara alta, pero el nombramiento exige tres quintos, así que no pueden elegir solos y necesitan pactar con el PSOE. El partido ha rehusado sentarse a negociar mientras Sánchez no convocara elecciones.
Con la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, el proceso queda en suspenso hasta que haya nuevo Parlamento. Eso deja a Conde-Pumpido, principal objetivo de las críticas del PP, presidiendo el tribunal en funciones durante toda la campaña.
Para el electorado, lo que está en juego es quién tendrá la última palabra sobre leyes que llegan al Constitucional, desde la amnistía hasta las normas de vivienda o de derechos sociales. Lo decidirá la mayoría que salga del Senado el 29 de noviembre.
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