El Tribunal Supremo cierra la puerta a que los nacionalizados por la ley de nietos que no puedan acreditar el requisito de exilio voten el 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado este lunes, mediante dos autos, los recursos de la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar que acordó el 10 de septiembre. El Gobierno estudia ahora si puede llevar el asunto al Tribunal Constitucional.
Según los últimos datos que el Ejecutivo ha trasladado al tribunal, la medida afecta a 163.020 personas inscritas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). La ley de memoria democrática de 2022 ha permitido a más de 400.000 descendientes de exiliados obtener la nacionalidad, pero la suspensión alcanza solo a una parte de ellos.
Una excepción con certificado consular
El Supremo deja una vía abierta. Podrán votar quienes obtengan de los responsables del registro consular una certificación que acredite que cumplían a 1 de agosto de 2026 los requisitos que fija el tribunal: haber nacido fuera de España y descender de un español de origen que sufrió el exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación o identidad sexual. Esa acreditación no puede apoyarse en la presunción de exilio recogida en la instrucción administrativa de octubre de 2022.
Las resoluciones incluyen un voto particular de uno de los magistrados, lo que revela que la Sala no estaba unánime. Los afectados tendrán cinco días hábiles para personarse en el procedimiento una vez se publique en el BOE.
El argumento del Gobierno y el calendario
La Abogacía del Estado sostenía que era «materialmente imposible» revisar y separar a tiempo los expedientes afectados del resto de inscritos antes de las elecciones. Los autos de hoy descartan ese argumento. La Junta Electoral Central ya había anunciado que ejecutaría lo que dispusiera el Supremo.
Quedan 48 días hasta las urnas. Con ese margen, la vía del Constitucional parece estrecha, y el Ejecutivo todavía no ha decidido si la intenta. La batalla se traslada ahora a los consulados, que tendrán que decidir cuántos de esos 163.020 inscritos consiguen el certificado a tiempo. La medida cautelar había sido pedida por Vox y por la asociación Iustitia Europa.
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