El Tribunal de Cuentas ha aplicado la ley de amnistía a Carles Puigdemont y a otros 34 excargos de la Generalitat y ha archivado la reclamación por los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y de la acción exterior del procés. La decisión, fechada este miércoles, deja sin efecto las medidas cautelares que obligaban a los encausados a depositar fianzas millonarias.
Entre los beneficiados figuran también Artur Mas, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig. La resolución se acoge al artículo 1.1 de la ley, que anula la responsabilidad penal, administrativa y contable por los actos relacionados con las consultas del 9-N y del 1-O entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023.
La sentencia europea que lo desbloquea
El órgano fiscalizador sostuvo durante casi tres años que la amnistía no alcanzaba a la responsabilidad contable. Ahora cambia de criterio apoyándose en el Tribunal de Justicia de la UE, que concluyó que los intereses financieros de la Unión no resultan afectados «por la mera disminución de la renta nacional bruta». Sin perjuicio para los fondos europeos, el obstáculo desaparece.
El texto subraya además que en ningún momento del procedimiento, abierto en 2021, se planteó que los gastos del procés procedieran de fondos europeos.
Todavía hay recorrido judicial
La sentencia no es firme. Cabe apelación ante la propia sala del Tribunal de Cuentas y, después, casación ante el Tribunal Supremo por la vía contencioso-administrativa. Societat Civil Catalana, que presentó demanda en este procedimiento, es una de las partes que pueden recurrir.
El cierre de este frente llega a mes y medio de las elecciones del 29 de noviembre, con la amnistía como uno de los ejes del debate entre bloques desde que se aprobó. Para los afectados, supone recuperar el patrimonio embargado. Para la política catalana, retira de la agenda un expediente que llevaba años pendiente sobre la cúpula del 1-O.
El plazo de apelación decidirá si la amnistía contable queda firme antes de la jornada electoral.
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