El Tribunal Supremo ha rechazado anular la sentencia del caso mascarillas. Con esa decisión, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García agotan la vía ordinaria y solo pueden ya acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
Los dos habían presentado incidentes de nulidad contra la condena de junio, que impuso 24 años de prisión a Ábalos y 19 años y ocho meses a García por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años en la misma sentencia. El incidente era el paso previo obligado para poder llegar al Constitucional.
Qué responde el tribunal
Las defensas sostenían que se había vulnerado la presunción de inocencia porque la condena descansaba sobre la palabra de Aldama. El Supremo replica que, además de su testimonio, pesaron «elementos de corroboración periféricos»: comunicaciones, anotaciones telefónicas, hojas de cálculo y mensajes. Entre ellos cita uno de Koldo García sobre unas vacaciones: «Esto sale gratis por las molestias generadas».
También descarta que se haya violado el derecho a la doble instancia. Según el tribunal, era competente para juzgar el caso porque Ábalos era diputado cuando se abrió juicio oral, el 11 de diciembre de 2025.
Ábalos ha defendido desde que se dictó la sentencia que había sufrido un juicio «político» y «predeterminado». Esa tesis es la que llevará ahora al Constitucional, igual que la defensa de García, que ya anunció en junio que ese era el camino.
Qué cambia
El recurso de amparo no es una tercera instancia: el Constitucional solo revisa si se han vulnerado derechos fundamentales, y la mayoría de los recursos ni siquiera se admiten a trámite. La sentencia del Supremo sigue siendo firme mientras tanto.
La resolución llega en plena precampaña y cierra uno de los procesos de corrupción que más han pesado sobre el PSOE en esta legislatura. Ábalos fue secretario de Organización de ese partido y ministro de Transportes entre 2018 y 2021.
El siguiente movimiento está en manos de las defensas, que tienen que presentar el amparo en el plazo legal.
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