Estados Unidos ha pasado la factura del embargo de armas a Israel. La Comisión Marítima Federal (FMC), el regulador del transporte marítimo estadounidense, propuso este miércoles cobrar 200.000 dólares por viaje a todo buque con bandera española que entre en un puerto del país y restringir la importación de productos españoles.
El organismo sostiene que España ha creado «condiciones desfavorables para el transporte marítimo» en perjuicio de los barcos con pabellón estadounidense. El origen es de noviembre de 2024, cuando las autoridades españolas negaron escala en Algeciras a buques de bandera de EE UU sospechosos de llevar carga militar con destino a Israel. La FMC abrió entonces una investigación que ha tardado casi dos años en cerrarse.
Qué pone sobre la mesa Washington
La propuesta tiene dos patas. La primera es la tasa de 200.000 dólares por travesía. La segunda, limitar la entrada en EE UU de cinco grupos de productos españoles: perfumería y cosmética, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, y azúcar y confitería. Según los datos que acompañan a la propuesta, esas categorías sumaron unos 3.100 millones de dólares en importaciones estadounidenses en 2025. Solo el aceite de oliva movió cerca de 837 millones.
La propia FMC admite que «relativamente pocos» barcos de bandera española recalan en puertos de EE UU, de modo que la tasa por sí sola apenas presionaría. El peso real de la medida estaría en las restricciones a las exportaciones, que golpearían a productores y no a navieras.
El regulador usa como prueba el desplome de las escalas de Maersk Line, que en 2026 ha hecho solo seis en puertos españoles frente a las varias al mes que realizaba antes de noviembre de 2024. Concluye que las restricciones han tenido «un efecto duradero» en las rutas de los barcos estadounidenses.
La respuesta de España y lo que falta
El Gobierno español defiende que sus medidas cumplen con el derecho español, el de la Unión Europea y el internacional, y que se aplican sin discriminar por la bandera del buque. España decretó en septiembre de 2025 un embargo total de armas a Israel, que su presidente justificó para frenar lo que describió como un genocidio en Gaza.
Nada de esto es todavía una sanción en vigor. La FMC ofrecerá a España una audiencia y abrirá un periodo de comentarios públicos de 60 días desde su publicación en el Registro Federal, prevista para el jueves 15 de octubre. Solo después decidirá si aprueba las medidas, y la factura podría recaer sobre productores agrarios e industriales que nada tienen que ver con la decisión de Moncloa.
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