La Junta de Andalucía llevará al Tribunal Constitucional los dos decretos de vivienda que el Gobierno aprobó para frenar los desahucios de personas vulnerables, los conocidos como decretos Maricarmen. Lo anunció este jueves la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, que ya ha puesto en marcha los trámites internos del recurso.
El argumento es doble. El gabinete jurídico andaluz ve una «invasión de competencias autonómicas» y una vulneración del derecho a la propiedad privada. Díaz sostiene además que retirar viviendas del mercado perjudica a familias y jóvenes, y que volver a aprobar unos decretos que el Congreso ya había rechazado es una «trampa democrática».
Los decretos cayeron en la votación del Congreso del 2 de octubre, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Después, con las Cortes disueltas por la convocatoria del 29N, el Gobierno los volvió a aprobar a través de la Diputación Permanente. Es ese segundo paso el que Moreno ha calificado de fraude a la democracia.
Los textos amplían de 2028 a 2030 la prohibición de que empresas compren inmuebles por debajo del 70 % de su precio de mercado, con excepciones para el alquiler asequible y las personas vulnerables. También suspenden hasta 2030 los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa de vivienda y crean una «enervación extraordinaria»: las administraciones cubrirían la deuda del inquilino cuando no exista otro techo para él.
No es la primera vez que la Junta acude al Constitucional contra la política de vivienda del Estado. Ya recurrió la Ley de Vivienda de 2023 y, más recientemente, planteó un conflicto de competencias contra las condiciones del Plan Estatal de Vivienda. Ahora suma un tercer pulso, esta vez sobre la medida que nació del caso de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid movilizó a miles de personas en los últimos días.
El recurso todavía no está presentado. Debe pasar por la comisión de viceconsejeros y por el Consejo Consultivo de Andalucía antes de que el Consejo de Gobierno dé su aprobación definitiva. Hasta entonces, y mientras el Constitucional no decida suspenderlos, los decretos siguen en vigor y se pueden aplicar en Andalucía como en el resto del país.
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