El juez Pablo Llarena ha cerrado la puerta a reactivar la orden de detención contra Carles Puigdemont. Lo ha hecho este lunes con una resolución en la que acata al Tribunal Constitucional y, a la vez, le afea su sentencia sobre la amnistía de la malversación.
El instructor del procés en el Tribunal Supremo confirma así lo que decidió provisionalmente el 6 de octubre, cuando el Constitucional avaló aplicar la ley de amnistía a ese delito y Llarena retiró las órdenes nacionales de busca y captura contra Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig. Entonces dijo que debía analizar el alcance del fallo. Ahora lo ha hecho.
La conclusión es la misma, pero el tono no. «La doctrina del Tribunal Constitucional debe aplicarse, aunque no se compartan las razones en las que se apoya», escribe el magistrado. Con esa frase descarta resistirse, pero deja claro que no comparte el razonamiento.
Llarena va más lejos y cuestiona la actuación del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido. Le reprocha falta de mesura y sostiene que el criterio del Supremo, que había negado la amnistía por el beneficio patrimonial personal que veía en la malversación, era «jurídicamente fundado» y no resultaba «imprevisible o inadmisible». Y remata con una frase sobre la división interna del Constitucional: «los adjetivos no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al Tribunal».
Qué cambia para Puigdemont
En la práctica, desaparece el principal obstáculo judicial para que el expresidente catalán regrese a España, de donde falta desde octubre de 2017. En agosto de 2024 ya pisó Barcelona y se marchó sin ser detenido, pero la orden seguía vigente. Ahora no lo está.
El Constitucional rechazó el argumento del Supremo sobre el beneficio personal y ordenó dictar una nueva resolución conforme a su criterio. Pedro Sánchez celebró la decisión el día de la sentencia: «Con ello ayudamos a la sociedad catalana».
El auto de Llarena llega a seis semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, con el regreso de Puigdemont y la amnistía todavía en el debate político.
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