Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea aprobaron este lunes una recomendación para proteger a las familias en riesgo de perder su casa. Pide más garantías frente a los desahucios forzosos y ayudas de emergencia para pagar el alquiler. Pero es una recomendación: ningún país está obligado a cumplirla.
El texto parte de una cifra que ya nadie discute. Más de un millón de personas viven sin hogar en el bloque, y el precio de la vivienda ha subido más de un 60 % entre 2013 y 2024, muy por encima de lo que han crecido los ingresos de los hogares.
Qué piden los Veintisiete
La recomendación pone el acento en actuar antes de que llegue el desahucio. Propone sistemas de alerta temprana para identificar a los hogares vulnerables, asesoramiento sobre deudas combinado con ayudas de emergencia al alquiler, mecanismos de mediación y garantías frente a los desalojos forzosos, con especial atención a las familias con niños.
También amplía lo que se entiende por exclusión residencial. Ya no cuenta solo quien duerme en la calle, sino quien tiene techo pero vive en condiciones inadecuadas o inseguras: sin servicios básicos, con un desahucio encima o en una casa donde sufre violencia doméstica.
Los ministros reconocen además que la falta de vivienda social y asequible es uno de los principales obstáculos, y piden más inversión pública y privada, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Prefieren, en lugar de los alojamientos temporales, el acceso a una vivienda estable con apoyo social a medida, y respaldan fórmulas gestionadas por entidades sin ánimo de lucro.
Sin obligaciones y sin prisa
La vivienda es competencia nacional, y en muchos países la comparten comunidades o ayuntamientos. Por eso Bruselas se limita a recomendar. Los Estados deberán desarrollar estrategias con objetivos medibles e informar cada cinco años de sus resultados. La Comisión Europea hará su primera evaluación en 2031.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió en la reunión que «lograr la plena inclusión sin acceso a una vivienda asequible es imposible». Citó como ejemplo de colaboración entre lo público y lo privado el fondo de impacto social de 400 millones de euros de su departamento.
Qué cambia en España
De momento, nada de forma automática. España ya tiene su propio debate sobre desahucios y precios del alquiler, con una huelga general convocada para el 11 de noviembre por la vivienda y los salarios y los decretos de vivienda pendientes de votación en el Congreso. La recomendación europea sirve de referencia y de argumento para quienes piden ir más lejos, pero no obliga al Gobierno que salga de las urnas del 29N a legislar en esa dirección.
Dentro de cinco años, Bruselas contará cuántos países han cumplido lo que hoy solo recomienda.
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