El Ayuntamiento de Barcelona ha dado el primer paso para aplicar el recargo del IBI a los pisos turísticos que prevé el último decreto de vivienda del Gobierno, una norma que todavía tiene que superar la convalidación del Congreso. Según publicó eldiario.es, PSC, ERC y Comuns votaron a favor, PP y Vox en contra y Junts se abstuvo. La aprobación definitiva se espera entre noviembre y diciembre.
La secuencia legal explica la cautela. El Real Decreto-ley 26/2026, aprobado el 29 de septiembre y conocido como «decreto Maricarmen», incluía ya ese recargo. El 2 de octubre el Congreso acordó su derogación al no convalidarlo: según la nota del Congreso, obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra. Cuatro días después, el Gobierno aprobó otro texto.
Qué permite el nuevo decreto
El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre y publicado en el BOE al día siguiente, mantiene el título del anterior: medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. Su artículo 8 faculta a los ayuntamientos de zonas de mercado residencial tensionado a recargar la cuota líquida del IBI de los inmuebles residenciales destinados a alojamiento turístico.
El recargo escala con el número de propiedades del titular. Puede llegar al 50 % con un inmueble turístico, al 100 % si el titular tiene dos o más y al 150 % si tiene cuatro o más. No se aplica de forma automática: cada ayuntamiento tiene que aprobarlo mediante ordenanza fiscal, y por eso Barcelona ha empezado ya la tramitación.
La escala pesa más sobre quien concentra pisos. Un propietario con una sola vivienda turística puede pagar la mitad más de IBI, mientras que un gran tenedor con cuatro o más se enfrenta a una cuota multiplicada por 2,5.
Qué más incluye y qué falta
El decreto contiene otras medidas que ya figuraban en el anterior, entre ellas la suspensión de desahucios de personas vulnerables, la creación de la sociedad pública CASA 47 para gestionar vivienda pública y un mecanismo de financiación a interés cero llamado TU CASA. Las modificaciones del IVA tendrán efectos desde el 1 de diciembre de 2026.
La Constitución, en su artículo 86, da al Congreso treinta días desde la promulgación para convalidar o derogar un decreto-ley. Barcelona ya tiene una vía fiscal propia en el turismo: sus ordenanzas de 2026 suben el recargo municipal sobre la tasa turística un euro al año hasta un máximo de 8 euros por noche en 2029.
El rechazo del 2 de octubre se decidió por seis votos de diferencia, así que la convalidación del segundo decreto dependerá de muy pocos diputados. El plazo constitucional vence a principios de noviembre, antes de que la aprobación definitiva de Barcelona llegue al pleno.
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