La Comisión Europea ha puesto límite a una de las banderas de Vox en los gobiernos autonómicos que comparte con el PP. Los Estados miembros no pueden exigir a los residentes de larga duración más de cinco años de residencia para darles las mismas prestaciones y el mismo acceso a la vivienda que a los nacionales. La advertencia llega a mes y medio del 29N y con la medida ya en marcha en varias comunidades.
El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, lo ha explicado en la respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà. La directiva 2003/109/CE, escribe Brunner, garantiza la igualdad de trato en seguridad social, asistencia social y acceso a la vivienda, y «los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años» que fija esa norma.
Marzà había preguntado por los criterios de arraigo prolongado o residencia continuada que se están colando en acuerdos de gobierno de PP y Vox, con el caso de Aragón como ejemplo. La Comisión contesta que una disposición de «prioridad nacional» es indirectamente discriminatoria si afecta de forma inherente a ciudadanos de otros Estados miembros o de terceros países, salvo que esté justificada y sea proporcionada. Sobre el texto aragonés no se pronuncia, porque la ley todavía no está aprobada, pero dice que seguirá su tramitación para vigilar que cumpla el derecho de la Unión.
Mañueco no rectifica
La respuesta política ha sido inmediata. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que aplicará la prioridad nacional a las ayudas públicas pese al aviso de Bruselas: «Lo vamos a mantener». Su acuerdo con Vox exige diez años de empadronamiento para acceder a una vivienda pública en compra y cinco para el alquiler, además de cinco años de residencia para las ayudas al carné de conducir de menores de 30 años.
Es decir, el requisito de diez años que Castilla y León mantiene duplica el máximo que la Comisión recuerda para los residentes de larga duración. El Ejecutivo comunitario no ha analizado de forma expresa ese texto, igual que tampoco ha revisado la ley valenciana de prioridad nacional, que impone diez años de residencia continuada en España para la vivienda pública.
Desde Compromís, Joan Baldoví ha defendido que Bruselas dice «claramente» que la prioridad nacional incumple el derecho comunitario. Fuentes del PP han restado importancia al aviso y han señalado que prácticas parecidas existen en municipios gobernados por socialistas. Vox sostiene que la medida es constitucional y que no tiene dudas sobre su legalidad.
Por qué importa
La prioridad nacional decide quién entra en la cola de la vivienda pública en comunidades donde las listas de espera son largas y el alquiler se ha disparado. Un requisito de diez años deja fuera a quien llegó hace seis, tenga papeles, trabaje y cotice. Esa persona es precisamente el tipo de residente que la directiva europea protege.
El choque entre Bruselas y los gobiernos de PP y Vox llega además en plena precampaña, con la vivienda como asunto central de las protestas y de la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Si las leyes regionales llegan a aplicarse, la última palabra sobre ellas la tendrán los tribunales, incluido el de Justicia de la UE.
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