La izquierda alemana ha dado el paso que los inquilinos de Berlín llevan cinco años reclamando. Die Linke, los Verdes y el SPD han cerrado su ronda de sondeo con un acuerdo para socializar las viviendas de las grandes empresas inmobiliarias y proponen abrir negociaciones formales de coalición para gobernar la capital.
El documento fija un límite: las compañías con más de 10.000 viviendas en la ciudad conservarían esa cifra y las que superen ese umbral pasarían a propiedad pública con indemnización. La ley que lo desarrolle no estaría lista hasta mediados de 2028. «Nuestro objetivo es que, gracias a la socialización, los alquileres dejen de subir», afirman los tres partidos en el texto, citado aquí en traducción.
Un mandato de las urnas que llevaba años bloqueado
La cuestión viene de lejos. En 2021, el 59,1 % de los berlineses votó en referéndum a favor de expropiar a los propietarios con más de 3.000 pisos, un resultado que los sucesivos gobiernos regionales dejaron sin aplicar. El SPD se opuso entonces y ha seguido frenando. Su candidato, Steffen Krach, llegó a advertir en campaña de que indemnizar a las empresas costaría a la ciudad entre 20.000 y 30.000 millones de euros y de que no quería que «el mayor cheque de la historia de Berlín» fuera a parar a Vonovia.
Vonovia, con su filial Deutsche Wohnen, concentra por sí sola unas 130.000 viviendas en Berlín. Die Linke, la fuerza más votada en las elecciones con un 25,7 %, había planteado socializar en torno a 220.000 pisos y condicionó su entrada en cualquier Gobierno a que la medida avanzara. Por detrás quedaron la CDU (18,8 %), la AfD (16,3 %), los Verdes (14,3 %) y un SPD en su peor resultado histórico, con el 12,1 %.
Sumados, los tres socios reunirían 91 de los 160 escaños del Parlamento regional, mayoría absoluta holgada. La candidata de Die Linke a alcaldesa, Elif Eralp, lideraría el Ejecutivo.
Lo que concede la izquierda
El pacto tiene contrapartidas. Die Linke renuncia a reducir plantillas de la Policía y se compromete a mantener el pacto de octubre contra el antisemitismo y el crimen organizado, después de que la campaña estuviera marcada por las acusaciones de antisemitismo contra miembros del partido. El texto incluye también el compromiso de proteger la vida judía en la ciudad.
Para los inquilinos, lo concreto es que la socialización pasa de ser una consigna a un punto del programa de un Gobierno con mayoría. Con el umbral en 10.000 viviendas por empresa, la medida afecta solo a los grandes tenedores y deja fuera a los propietarios pequeños y medianos. Hasta 2028 no habrá ley.
Los órganos de los tres partidos deben aprobar ahora abrir las negociaciones. Die Linke ha convocado su congreso para el 31 de octubre y las conversaciones de coalición podrían empezar a principios de noviembre.
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