El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado este viernes a la propia Corte Penal Internacional (CPI), no solo a quienes trabajan en ella. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha incluido al tribunal en su lista de nacionales especialmente designados, con su dirección en La Haya (Oude Waalsdorperweg 10), lo que bloquea cualquier bien suyo que esté en territorio estadounidense o bajo control de personas o empresas de ese país.
La base legal es la misma que ha servido hasta ahora contra los individuos: la orden ejecutiva 14203, que Donald Trump firmó el 6 de febrero de 2025. El texto sostiene que la CPI ha emprendido acciones «ilegítimas e infundadas» contra Estados Unidos y su aliado Israel, y cita expresamente las órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Permite sancionar a quien haya participado directamente en un intento de investigar, detener o juzgar a una «persona protegida» sin el consentimiento de su país de nacionalidad.
Una escalada por fases
Hasta ahora las medidas iban dirigidas a personas. Según el recuento de Middle East Eye, la mitad de los 18 jueces de la corte, buena parte de su cúpula y el fiscal jefe, Karim Khan, sancionado en febrero de 2025, ya figuraban en la lista. En agosto le tocó a la presidenta, Tomoko Akane, y al abogado Abdoulaye Seye. Aquel día la Unión Europea expresó su «profundo pesar» y recordó que la CPI es «una piedra angular del sistema de justicia penal internacional».
La designación institucional cambia la naturaleza del castigo. Una cosa es vetar a un juez, que puede perder el acceso a sus cuentas y a los viajes a Estados Unidos. Otra es declarar sancionada a una organización que paga nóminas, contrata servicios informáticos y mantiene seguros. Los bancos que operan en dólares tienden a cortar toda relación con una entidad señalada por el Tesoro, incluso cuando la ley deja resquicios.
Las licencias que amortiguan el golpe
El propio Tesoro ha previsto ese riesgo. Junto con la designación, la OFAC ha publicado cuatro licencias generales (de la 13 a la 16) que autorizan ciertas operaciones con la CPI. Una cubre las telecomunicaciones y el software empresarial, otra los pagos de pensiones y otra las transacciones relacionadas con los detenidos bajo custodia del tribunal. Son excepciones acotadas, no un levantamiento de las sanciones, y su alcance exacto se verá cuando las entidades financieras las interpreten.
La corte ya se había preparado. Como adelantó Middle East Eye, fuentes del tribunal aseguraron que estaban listas para soportar el impacto y que tenían «arreglos alternativos» en marcha.
Qué hay detrás: Gaza
El origen del conflicto con Washington son las órdenes de arresto de noviembre de 2024 contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra en Gaza. Palestina es Estado parte del Estatuto de Roma, y el tribunal ha entendido que eso le da jurisdicción sobre lo ocurrido en su territorio. Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto, y ambos niegan esa competencia. La orden ejecutiva convierte esa disputa jurídica en una cuestión de seguridad nacional para Washington.
El anuncio llega el mismo día en que la jurista sudafricana Navi Pillay, antigua jueza de la CPI y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha sido distinguida con el Nobel de la Paz. La coincidencia de fechas no altera el fondo: una corte con jurisdicción sobre Gaza afronta ahora restricciones financieras que afectan a su día a día, mientras las órdenes contra Netanyahu y Gallant siguen vigentes.
La siguiente prueba será práctica. Los Estados parte del Estatuto de Roma tendrán que decidir si ofrecen a la corte canales de pago y servicios fuera del alcance del dólar antes de que se agoten los plazos de las licencias generales.
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