El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de la Xunta de Galicia contra la ley estatal de vivienda y deja la norma de 2023 sin ninguna impugnación viva. La sentencia, dictada a finales de septiembre, es la octava sobre esta ley y cierra el examen de los ocho recursos de inconstitucionalidad que se presentaron contra ella.
El Gobierno gallego, del PP, sostenía que la ley vulneraba la igualdad y el derecho a la propiedad privada. El tribunal no lo ve así. Considera constitucional el artículo 11.2, que permite a las administraciones territoriales declarar que el propietario de una vivienda ha incumplido los deberes asociados a su propiedad, y entiende que el Estado puede fijar las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la vivienda.
También avala el artículo 19.2, que deja a la administración competente concretar qué es un gran tenedor. Según el fallo, esa definición no impide que las comunidades autónomas desarrollen su propia política de vivienda.
Desahucios: conciliación previa si el demandante es un gran propietario
La sentencia examina además una disposición transitoria que condiciona la reanudación de desahucios y lanzamientos suspendidos a un intento previo de conciliación cuando quien reclama es un gran tenedor. El Constitucional rechaza que eso rompa la igualdad: el trato distinto a los grandes propietarios persigue un fin legítimo, proteger a las personas económicamente vulnerables. Y declara que el Estado tiene competencia para fijar ese requisito por tratarse de legislación procesal.
La ponente ha sido la magistrada Laura Díez Bueso. Han emitido votos particulares Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.
La decisión llega en plena escalada del conflicto por la vivienda. Los sindicatos han convocado una huelga general para el 11 de noviembre y la cuestión será uno de los ejes de la campaña del 29N. Con el Constitucional ya fuera de la ecuación, el debate sobre la ley deja de ser jurídico y pasa a ser político: lo que queda por decidir es si las comunidades la aplican y si el próximo Gobierno la mantiene o la reforma.
Opina