Una jueza tiene en su mesa la petición de suspender la actividad de la Fundación Nacional Francisco Franco, y tendrá que resolverla antes de que haya nuevo Gobierno. La Abogacía General del Estado ha presentado ya la demanda para extinguir la entidad, que el juzgado admitió a trámite la semana pasada, según ha adelantado infoLibre.
Junto a la demanda, el Ejecutivo pide como medida cautelar la «suspensión provisional» de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia. Esa decisión previa es la que, según el mismo medio, llegará antes del relevo en La Moncloa que salga de las elecciones del 29 de noviembre.
El calendario importa porque el proceso depende de quién gobierne. La demanda parte del Ministerio de Cultura, que el 14 de abril firmó la resolución para instar la extinción tras un expediente con informes de la Abogacía del Estado. El Gobierno sostiene que la fundación exalta la dictadura, menosprecia a las víctimas y no persigue fines de interés general, los supuestos que recoge la Ley de Memoria Democrática de 2022 para disolver entidades. Según infoLibre, el próximo Ejecutivo será decisivo para que el proceso siga adelante.
La Abogacía del Estado es hoy la parte que sostiene la demanda. Si quien llegue a Moncloa cambiara de criterio, la causa podría quedar sin impulso. De ahí el interés en que el juzgado se pronuncie cuanto antes sobre la suspensión.
La fundación, creada en 1976 para conservar la memoria del dictador, ya intentó frenar el procedimiento. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas «cautelarísimas» que pidió para paralizarlo, al no apreciar razones de urgencia, y abrió una pieza separada para estudiar la petición por la vía ordinaria. También admitió a trámite su recurso contra el expediente del Ministerio de Cultura.
Las elecciones generales son el 29 de noviembre. La decisión cautelar de la jueza, que paraliza o no la actividad de la fundación mientras se juzga su extinción, tendrá que llegar antes de que se forme el nuevo Gobierno.
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