El sueldo de más de tres millones de empleados públicos subirá un 4,5 % el 1 de enero de 2027. Eso, al menos, es lo que el Gobierno ha garantizado este martes a CCOO, UGT y CSIF. Lo que no ha dicho es cuándo lo aprobará: si antes de las elecciones del 29 de noviembre o con un Ejecutivo ya en funciones.
La reunión se celebró en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. El ministro, Óscar López, defendió el compromiso con una frase corta: «Este Gobierno ha cumplido y va a cumplir con sus compromisos». Recordó que el aumento forma parte del acuerdo marco que se pactó con las centrales en noviembre de 2025 y que cubre hasta 2028.
Sin Presupuestos, hace falta una norma
El problema es técnico, pero afecta a la nómina de millones de personas. Como los Presupuestos Generales del Estado llevan años prorrogados, la subida no se aplica sola: necesita un real decreto-ley que después convalide el Congreso o, en periodo electoral, su Diputación Permanente.
CCOO y CSIF han pedido formalmente que el decreto se apruebe ya y se valide antes del 29N. Su razonamiento es sencillo: que los trabajadores vean cumplido lo firmado antes de votar y no dependan de lo que pase después.
Desde UGT, la dirigente Isabel Araque restó dramatismo a los obstáculos jurídicos: «No existe ningún tipo de problema a la hora de aprobar una medida legislativa que haga cumplir lo que ya está acordado». El sindicato sostiene que tanto la Diputación Permanente como un Consejo de Ministros, esté o no en funciones, tienen las vías legales para hacerlo. Los sindicatos admiten, por tanto, que el aumento también podría aprobarse después de las elecciones, aunque prefieren no esperar.
Qué cambia para el empleado público
El 4,5 % es el tramo de 2027 de un pacto que suma hasta un 11,4 % entre 2025 y 2028. Se aplica a funcionarios y personal laboral de la Administración. Queda aparte otra partida pendiente: un 0,5 % adicional por 2026 que depende de que la inflación alcance cierto nivel, y que los sindicatos esperan a comienzos de 2027.
Función Pública trabaja también con las comunidades autónomas en una reforma contra el abuso de la temporalidad, con sanciones que podrían llegar a la destitución de los responsables que superen los límites.
La subida debe aplicarse desde el 1 de enero. Si el decreto se aprueba antes del 29N, los empleados públicos llegarán a las urnas con el aumento ya en firme.
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