Isabel Díaz Ayuso pidió a los españoles que ni se les ocurra votar por correo, y Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que el PP presentará a la Junta Electoral Central medidas para «blindar» ese voto. El episodio que alimenta esas dudas, el robo de papeletas en Extremadura, quedó en manos de una banda de ladrones comunes.
Los hechos son estos. Días antes de las elecciones autonómicas extremeñas de diciembre de 2025, entraron a robar en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz). Se llevaron una caja fuerte que apareció calcinada fuera del edificio, con 124 votos por correo esparcidos alrededor. Los ladrones se quedaron con los 14.000 euros que había dentro. La Guardia Civil lo calificó entonces de delincuencia común: iban a por el dinero, no a por los votos.
La presidenta extremeña, María Guardiola, habló en cambio de que se estaba «robando la democracia». Su vídeo, con más de un millón de visualizaciones, sigue publicado, según recuerda El País. Feijóo y Santiago Abascal respaldaron la tesis del pucherazo. El ministro Óscar López la despachó como «conspiración ridícula».
En junio, la Guardia Civil cerró el caso con la operación Botonero: desarticuló una organización de 12 personas, con diez detenidos, dos investigados y tres miembros en prisión provisional. Les atribuye 37 delitos y un botín superior a los 340.000 euros, entre robos a oficinas de Correos, una sucursal bancaria, una joyería, un colegio y el asalto a la caja del camión de los regalos de la lotería en un área de servicio de Monesterio. Según El País, a ninguno de los investigados se le atribuye un delito electoral.
Génova, entre Ayuso y el sistema
La campaña por el voto por correo ha dejado al PP con dos discursos. Ayuso pidió votar en persona minutos después de conocerse la fecha del 29N, y la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, dijo entender esas cautelas. Borja Sémper, en cambio, defendió el sistema como garante y pidió votar «por tierra, mar y aire, también por correo». Feijóo dijo el jueves en Ceuta que confía por completo en los carteros y los empleados públicos de Correos, pero no en la dirección de la empresa.
El procedimiento tiene varias capas de control. El elector se identifica al solicitar el voto, al recoger la documentación y al entregarlo en la oficina, los sobres quedan custodiados hasta el día de las elecciones y los interventores de los partidos vigilan el escrutinio. La ley prevé penas de cárcel para quien lo manipule. Los politólogos consultados por la prensa lo sitúan entre los sistemas más garantistas de Europa.
Fuera de ese circuito, el único caso reciente de pérdida de votos por correo es el de Fuente de Cantos, cuyos autores son hoy investigados por robos de bienes, no por fraude electoral. La petición del PP a la Junta Electoral se conocerá «en los próximos días», según Feijóo, que no ha detallado qué medidas pedirá.
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