El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 905/2025, la norma con la que el Gobierno quiso frenar la proliferación de universidades privadas sin garantías de calidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso del Gobierno balear y concluye que la tramitación por la vía de urgencia no estaba justificada. Según la sentencia, lo que el Ejecutivo presentó como urgencia era en realidad una «voluntad política» de que la norma entrase en vigor cuanto antes.
El fallo no discute si los requisitos eran adecuados. Discute cómo se aprobó el decreto: con plazos abreviados y sin la consulta pública previa que exige el procedimiento ordinario. Es un defecto de forma, pero con consecuencias de fondo, porque la norma desaparece entera.
Qué exigía el decreto
El real decreto se publicó en el BOE del 8 de octubre de 2025 y reformaba el Real Decreto 640/2021, que regula la creación, el reconocimiento y la autorización de universidades. Su preámbulo lo justificaba por la necesidad de «garantizar el mantenimiento de la calidad de la oferta universitaria en España».
Para ello subía el listón en varios frentes. Una universidad nueva debía llegar a 4.500 estudiantes matriculados en títulos oficiales tras seis años de funcionamiento, y al menos la mitad de ellos tenían que cursar grado. Debía ofrecer como mínimo 10 grados, 6 másteres y 3 programas de doctorado, repartidos en al menos tres de las cinco ramas de conocimiento. La mitad del profesorado tenía que ser doctor, con una ratio de un docente por cada 25 estudiantes (uno por cada 50 en enseñanza virtual). Y se fijaba un gasto mínimo en investigación del 5 % del presupuesto.
Además, el informe de la agencia de calidad (ANECA o su equivalente autonómico) pasaba a ser vinculante antes de autorizar un proyecto.
El peso de lo privado
La reforma respondía a un cambio que ya aparecía en las estadísticas oficiales. En el curso 2023-2024, según el informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el sistema contaba con 91 universidades: 50 públicas y 41 privadas. Las privadas ya eran el 45,1 % de los centros, aunque matriculaban al 25,7 % de los 1.762.459 estudiantes. Las públicas concentraban el 74,3 % del alumnado y el 90 % de los programas de doctorado.
Tras conocerse la sentencia, fuentes del Ministerio sostuvieron que el decreto «era y sigue siendo» necesario y urgente, y que España está «muy cerca» de tener tantas universidades privadas como públicas: 50 frente a 49. Esa cifra de 49 es la que da el departamento que dirige Diana Morant. Las últimas estadísticas publicadas, las del curso 2023-2024, contaban 41, de modo que el Ministerio sitúa en ocho las privadas añadidas en apenas dos cursos. El departamento asegura que ya prepara una nueva norma por el procedimiento ordinario.
Un trámite que cuesta tiempo
La vía ordinaria obliga a abrir consulta pública, recabar informes y dar audiencia a las comunidades, que tienen las competencias de autorización de universidades en su territorio. Hay voces autonómicas contrarias desde el principio: la Comunidad de Madrid recurrió el decreto por considerarlo arbitrario y aprobado sin consenso, y Baleares ha sido quien ha logrado la anulación.
La nueva norma tendrá que tramitarse con unas elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. Mientras tanto, los criterios de evaluación que la Conferencia General de Política Universitaria aprobó el 23 de marzo de 2026 para valorar las memorias de creación de universidades siguen publicados en la web del Ministerio, aunque nacieron al amparo del decreto que ahora ha caído.
Opina