El Tribunal Supremo de Israel ha pedido al Gobierno que diga antes del 23 de noviembre si puede acelerar el regreso de más de 33.000 palestinos expulsados de los campos de refugiados de Jenin, Tulkarm y Nur Shams, en la Cisjordania ocupada. Las primeras reacciones en el Ejecutivo han sido de rechazo frontal.
Los jueces no han ordenado el retorno inmediato. En su resolución, según recogen medios israelíes, sostienen que todavía no existen las condiciones de seguridad que lo permitan, pero que hay que avanzar una serie de pasos para que sea posible. Lo que exigen es un calendario. El recurso lo presentó la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI).
El ministro de Defensa, Israel Katz, ha respondido que no habrá «compromiso» en esta cuestión, aunque haga falta recurrir a procedimientos legislativos especiales en la Knesset. Ha justificado la presencia militar en los campos por la amenaza de «elementos yihadistas» apoyados por Irán y los Hermanos Musulmanes. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha ido más lejos: ha pedido a la cúpula del país que ordene al Ejército «no cooperar con el tribunal» y acusa a los jueces de poner en riesgo la seguridad de Israel.
Desde enero de 2025
Los desplazamientos arrancaron en enero de 2025 con la operación «Muro de Hierro», durante la cual el Ejército israelí ordenó a los vecinos abandonar los tres campos. Según datos de la ONU recogidos por Haaretz en agosto, unas 33.000 personas siguen sin poder volver. Los comités locales elevan la cifra a unas 40.000.
En respuesta a la petición de ACRI, el Estado reconoció ante el Supremo que el Ejército se opone al regreso y que prevé mantener el control operativo de la zona a largo plazo. Según la información publicada entonces, en junio empezaron los trabajos para levantar un nuevo puesto militar cerca de Jenin. La organización recuerda que, según el derecho internacional, la evacuación de población civil es una excepción que debe ser temporal y reversible.
Qué cambia
Sobre el papel, la resolución no mueve a nadie de sitio: el plazo vence dentro de seis semanas y el Estado puede responder que no hay fecha. Su peso está en otro lado: el tribunal pide un plan concreto y dos ministros del Gobierno ya han dicho que no piensan colaborar.
La respuesta del Estado debe presentarse antes del 23 de noviembre. Para entonces, las familias de los tres campos llevarán casi veintidós meses desplazadas.
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