La Audiencia Nacional ha cerrado la causa abierta contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la retención de un sargento español de la misión de la ONU en el Líbano. El juez instructor, Antonio Piña, asume el criterio de la Fiscalía: como Naciones Unidas e Israel investigan lo ocurrido, la justicia española no puede abrir una causa paralela.
El auto, fechado este viernes, pone fin a una causa que arrancó con una denuncia del partido Iustitia Europa. Los hechos se remontan al 7 de abril, cuando fuerzas israelíes interceptaron en el sur del Líbano un convoy logístico de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) y retuvieron a un militar español. La denuncia alcanzaba a Netanyahu, a mandos del Ejército israelí y a otros militares aún sin identificar, por delitos contra personas y bienes protegidos en conflicto armado, coacciones y detención ilegal.
Piña había admitido a trámite la denuncia y abierto diligencias previas. En abril preguntó a la Fiscalía si la Audiencia Nacional era competente. En mayo se dirigió a la ONU para saber si investigaba el incidente. La respuesta fue que sí: según recoge el auto, la Oficina de Asuntos Jurídicos de la organización informó el 21 de julio de que la FINUL había trasladado lo sucedido a las autoridades israelíes y de que Israel había abierto su propia investigación.
La Fiscalía sostuvo que no hay «indicio» de que esas pesquisas sean ineficaces o estén paralizadas. Describió los hechos como una «retención realizada por el Estado de Israel, en el contexto de un incidente operacional», sin constancia de violencia física. El juez invoca el artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el principio de subsidiariedad: la jurisdicción española solo entra cuando quien debe investigar no lo hace.
Una puerta que no se cierra del todo
El auto deja abierta una rendija. El archivo es sin perjuicio de que una «modificación sustancial» del estado de esas investigaciones justifique volver a valorar la competencia española. Es decir, si la pesquisa de la ONU o la israelí se paraliza, el asunto puede reabrirse.
Iustitia Europa ya ha anunciado que recurrirá ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. También intentará que el sargento sea declarado perjudicado en el procedimiento.
El caso importa más allá de un soldado. España tiene militares desplegados en el sur del Líbano bajo bandera de la ONU, y la decisión fija hasta dónde llega la justicia española cuando quien actúa es un Gobierno extranjero con una investigación propia en marcha. La «eficacia» de las pesquisas de la ONU e Israel, que la Fiscalía da por supuesta, será el punto que se discuta en el recurso.
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