La jueza que instruye la causa de la dana ha dado un paso que pesa sobre dos antiguos altos cargos de Carlos Mazón. En un auto fechado este martes, la magistrada afirma que existen «claros indicios» de que varios fallecimientos en la pedanía valenciana de La Torre «podrían haber sido evitados» si la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, «hubieran ejercido sus funciones».
Ambos están investigados. Un indicio no es una condena, pero la resolución ya no habla de una gestión mejorable sino de muertes con nombre y lugar.
Un aviso que llegó tarde y distinto
El centro del auto es el Es-Alert que recibieron los móviles de la zona el 29 de octubre de 2024 a las 20:11. Según la jueza, el mensaje de subir a pisos altos «podría haber salvado vidas» en La Torre «de haberse enviado antes de las 20:57». Esa es la hora a partir de la cual, razona, el aviso ya no habría servido a quienes murieron en garajes, en sus casas o dentro de sus vehículos.
La magistrada se detiene también en cómo se redactó. Describe un proceso de «vacilaciones, disquisiciones jurídicas y lingüísticas» y recuerda que el borrador 706 recomendaba a la población que «permanezcan en sus domicilios», mientras que el texto final fue otro. El resultado, apunta, es que la alerta no advertía de peligros concretos como bajar a los garajes o quedarse en plantas bajas.
El auto señala además la actuación en el Cecopi, el centro de coordinación de emergencias, y reprocha a ambos investigados el retraso en las decisiones y en los avisos a la población, conforme a la normativa de protección civil y al plan especial de riesgo de inundaciones.
Qué pide ahora la jueza
La resolución abre una línea sobre lo que ocurrió a pie de calle. La magistrada exige al Ayuntamiento de València que, en cinco días, identifique al funcionario asignado a La Torre que trabajaba aquel día, y pide copia de las comunicaciones cruzadas entre el consistorio y la alcaldía pedánea entre las 7:00 y las 21:00 horas del 29 de octubre.
También cita como testigo al alcalde pedáneo de Horno de Alcedo, localidad vecina de La Torre, que según el auto podría aportar de forma voluntaria sus mensajes de chat de aquella tarde.
Presiones y una grabación en el juzgado
La resolución llega en un momento delicado para la instrucción. Según ha adelantado El País, la jueza denunció ante el Consejo General del Poder Judicial presiones y haber sido grabada de forma ilegal en su juzgado, y señaló a un abogado «alineado» con los dos investigados como autor de la maniobra. La defensa de Pradas ya había reprochado en otras ocasiones a la magistrada sus «excesos verbales».
El auto fija por escrito una hora, las 20:57, y un plazo de cinco días para que el Ayuntamiento de València identifique al funcionario de La Torre.
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