Emmanuel Macron ha elegido señalar a la ultraizquierda. Tras la jornada de protestas más violenta de las últimas semanas, el presidente francés ha atribuido los saqueos y los ataques a edificios públicos a «facciosos pertenecientes a grupúsculos de ultraizquierda, a los que se sumaron numerosos delincuentes», y ha advertido de que «tendrán que responder por ello».
Macron ha pedido además una «mejor colaboración» entre prefecturas y ayuntamientos para proteger las ciudades y ha instado a los prefectos a prohibir «ciertas reuniones» cuando haya riesgo de violencia. Es la primera medida concreta del Elíseo frente a un movimiento que lleva un mes en la calle.
Legítimo, pero con límites
El presidente ha reconocido la legitimidad de las manifestaciones y ha pedido no mezclar «la protesta pacífica con saqueadores y alborotadores». También ha expresado su apoyo a la policía y a los comerciantes cuyos negocios han sido destrozados en el centro de París y en otras ciudades.
La jornada del sábado dejó más de 2.000 detenidos en todo el país. El Gobierno cifra la asistencia en unos 550.000 manifestantes; el sindicato CGT la eleva a 800.000. En Limoges, el ayuntamiento quedó «prácticamente destruido» por un incendio, y los choques con la policía y los saqueos se repitieron este domingo en varias ciudades.
Una protesta que nació en las escuelas
El movimiento arrancó hace un mes en colegios de barrios pobres del norte de París, donde el alumnado protestaba por la falta de profesores y el mal estado de las instalaciones. Con el paso de las semanas se ha convertido en una protesta nacional contra la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos, a la que se han sumado trabajadores, jubilados y agricultores que reclaman mejores salarios, pensiones más altas y precios más bajos. Las protestas se han contagiado ya a Italia.
Desde la izquierda, la respuesta ha sido la contraria. Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, acusa al Gobierno de haber «organizado el desorden» con su respuesta a las movilizaciones, según recoge la prensa.
Queda por ver cómo se aplicarán las prohibiciones. Los prefectos, que dependen del Ministerio del Interior, son quienes pueden vetar concentraciones en sus departamentos, y la decisión de Macron los coloca al frente de una semana que se prevé de nueva tensión en la calle.
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