El 5 de octubre, minutos después de que se convocaran las elecciones, Isabel Díaz Ayuso pidió a los españoles que «ni se le ocurra» votar por correo y habló de posibles «adulteraciones». Dos días después, en Ceuta, Alberto Núñez Feijóo repartió la confianza por escalafones: «Confío plenamente en los carteros» y en los empleados de Correos, pero no en sus directivos. Santiago Abascal animó a votar «presencialmente» y «con seguridad», como si las otras opciones no la tuvieran.
En diario1 creemos que esto no es una duda legítima sobre un procedimiento. Es una siembra. Y se hace a seis semanas de las urnas, con miles de ciudadanos que recurren a este voto: mayores, enfermos, trabajadores desplazados, españoles en el extranjero.
Conviene dar su peso al mejor argumento contrario. Ningún sistema es perfecto y ha habido casos. En 2023 la policía actuó en Melilla por una presunta compra de votos. En 2025 desaparecieron 124 papeletas en Extremadura, un episodio que el PP ha convertido en munición y que, según la investigación, fue un atraco de una banda que se llevó también otros bultos y que tiene a los sospechosos en prisión. Son delitos concretos, perseguidos y castigados. Lo que no existe es un solo caso que acredite un fraude capaz de alterar un resultado general.
La razón es sencilla y está en la ley. Quien vota por correo se identifica tres veces: al solicitarlo, al recoger la documentación y al entregar el sobre. Intervienen la Oficina del Censo Electoral, las Juntas Electorales y las mesas. El escrutinio es público y los interventores de los partidos, incluido el PP, lo vigilan. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General prevé cárcel para quien lo manipule. El politólogo Manuel de la Fuente lo resume como «uno de los sistemas más garantistas de Europa».
El propio PP lo sabe. Su portavoz, Borja Sémper, reconoció que el sistema es «garantista», y Génova acabó pidiendo votar «también por correo» tras el llamamiento de Ayuso. Esa contradicción dice más que cualquier encuesta: se enciende la sospecha para el consumo de la parroquia y se apaga cuando amenaza con costar votos propios.
La consecuencia no es abstracta. Cada vez que un cargo público insinúa que las urnas pueden estar trucadas, regala a quien pierda la excusa para no aceptar el resultado. Es el guion de Donald Trump en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil, y España no necesita ensayarlo. Tampoco es inocente pedir «medidas adicionales» a la Junta Electoral Central sin aportar un solo indicio de fallo: es la forma de dejar un interrogante flotando.
Hay un modo honesto de ejercer la oposición. Si alguien tiene pruebas de irregularidades, que las lleve a un juzgado, que es donde se resuelven los delitos. Si no las tiene, que no pida a los votantes que renuncien a un derecho. Las elecciones son el 29 de noviembre.
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