Un juzgado de Madrid ha abierto una investigación para averiguar quién filtró a la prensa las agendas y las conversaciones privadas de José Luis Rodríguez Zapatero con su secretaria, Gertrudis Alcázar. La jueza Margarita Valcarce, titular del Juzgado de Instrucción número 16, investiga un presunto delito de revelación de secretos y ha encargado a la Policía Judicial un informe sobre el origen de las filtraciones y sus responsables.
La causa nace de la petición que hizo en junio el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, donde el expresidente figura como investigado. Calama advirtió entonces de que se habían producido «filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación» y remitió el asunto a los juzgados de Madrid por si los hechos encajaban en el delito de revelación de actuaciones declaradas secretas.
Qué se publicó
Los medios difundieron agendas de Zapatero de 2024 y 2025, además de mensajes de WhatsApp con su secretaria extraídos de los dispositivos intervenidos. Entre ellos había citas de trabajo relacionadas con la investigación, pero también asuntos personales sin relación con el caso.
El origen, según el propio Calama, estuvo en el modo en que se incorporó el material. El último informe de la UDEF, la unidad de delincuencia económica de la Policía, llegó a la causa con anexos que se repartieron íntegros entre las partes a través de una plataforma en la nube, pese a contener datos incompatibles con su publicación indiscriminada. Ese mismo informe atribuye a Zapatero haber cobrado 200.000 euros por influir ante el Gobierno de Bolivia en favor de una empresa peruana. Zapatero está investigado y no ha sido acusado ni condenado.
El juez de la Audiencia Nacional reaccionó con restricciones. Creó una pieza de «información sensible» para las grabaciones de las declaraciones de testigos e investigados, a la que solo acceden el tribunal y la Fiscalía, y limitó el acceso de las acusaciones populares a la plataforma.
Una defensa que ya pidió anular el caso
La defensa de Zapatero había solicitado en junio la nulidad de todo el procedimiento por considerar que se apoya en pruebas obtenidas sin autorización judicial, en concreto conversaciones privadas del teléfono de Rodolfo Reyes. La apertura de esta nueva causa le da un argumento más para hablar de un proceso que, a su juicio, se ha juzgado antes en los medios que en los tribunales.
La investigación de Valcarce no determina por ahora quién filtró nada. La Policía Judicial deberá reconstruir quién tuvo acceso a los anexos y cuándo, un listado que incluye a las partes personadas en la causa de la Audiencia Nacional. El resultado puede tardar meses y llega con las elecciones del 29 de noviembre en el horizonte, en plena precampaña.
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